El Gobierno aún no terminó de definir qué hará con la obra pública, uno de los rubros del gasto público que experimentó la poda de gasto más pronunciadas del presupuesto nacional. El Ministerio de Economía todavía sostiene su intención de abrir el juego a capitales privados y, en medio del fuerte impacto sobre el sector en actividad y puestos de trabajo, las cámaras le presentaron al presidente Javier Milei una propuesta de proyecto de ley para que algunas obras en ejecución y que tengan horizonte de rentabilidad puedan ser continuados y finalizadas por desarrolladores privados.
El ida y vuelta es aún escaso entre el Poder Ejecutivo y el sector constructor, que expresa cada vez que puede su preocupación por el desplome de su actividad por el freno en la obra pública, además de que el contexto de precios de la construcción tampoco ayuda para sostener obras privadas. Los fondos de proyectos de infraestructura financiados por el Estado representaron una parte relevante del ajuste fiscal que realizó el ministro Luis Caputo.
Una estimación de Iaraf muestra que de todo el recorte presupuestario de los primeros cuatro meses del año, detrás de las jubilaciones -que representaron el 35% del total-, en segundo lugar aparece la inversión real directa, que implicó el 15% de ese ajuste. Y otro 7% correspondió a transferencias de capital a provincias, señaladas habitualmente como fondos para que las gobernaciones completen proyectos de este tipo.
Ante un contexto de esa características, en el sector privado intentan apurar alguna alternativa para dotar a la construcción de fondeo privado, a través de créditos bancarios o a través de fideicomisos en el mercado de capitales. Son, según pudo saber Infobae por parte de altas fuentes ejecutivas, al menos dos variantes de iniciativas que las cámaras presentaron ante Javier Milei y sus funcionarios. La última instancia de diálogo fue la semana pasada, en el marco del almuerzo del Cicyp.
Fuente: Infobae