El caso que mencionás es un ejemplo claro de cómo las discusiones sobre competencia judicial pueden definir el rumbo de una investigación sensible. El fiscal Mario Villar insistió en que la causa por la mansión de Pilar —valuada en 17 millones de dólares y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA— debe volver al juzgado federal de Daniel Rafecas en la Ciudad de Buenos Aires, donde se inició. Como alternativa, sugirió el juzgado penal económico N°10, a cargo de Verónica Straccia.
La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, busca que el expediente permanezca en Campana, bajo Adrián González Charvay. Sin embargo, la postura de Villar apunta a que el caso regrese a Capital, lo que podría implicar un cambio de dinámica en la investigación.
El expediente investiga si Pantano y Conte tienen capacidad económica para justificar la compra de la mansión y otros bienes —entre ellos 55 vehículos de lujo, caballos árabes y propiedades en Pilar— o si actuaron como “presta nombres” de dirigentes de la AFA, en particular del tesorero Pablo Toviggino. La hipótesis central es que se trató de una maniobra de lavado de activos posterior, con ramificaciones en distintos bienes de alto valor.
Este tipo de causas suele avanzar lentamente porque no solo se discute el fondo (lavado de dinero y testaferros), sino también la competencia judicial, que define qué tribunal tendrá la última palabra. En este caso, la decisión de Casación de ratificar el dictamen de Villar marca un giro: el expediente vuelve a manos de Rafecas, lo que puede acelerar o reorientar la investigación.
