Hugo Passalacqua trazó una línea firme en la función pública provincial con la firma del Decreto N°776, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes ocupan cargos de decisión. La medida se inscribe en el “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos” y apunta a garantizar transparencia y ética en el ejercicio del poder.
El alcance es amplio: gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores, directorios de entes autárquicos y sociedades estatales, además de fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y agentes de salud pública. Para quienes ya están en funciones, los controles serán anuales y aleatorios, con el objetivo de sostener coherencia y credibilidad en el tiempo.
El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación y podrá coordinar con la Secretaría de Prevención de Adicciones. El decreto prevé que, ante la detección de sustancias ilegales, se activen los mecanismos constitucionales y legales, pero también garantiza abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria.
Confidencialidad, privacidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y preservación del interés público son los principios rectores que acompañan la norma. “Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, expresó Passalacqua al anunciar la decisión.
Un gesto político que busca marcar diferencia: control institucional con garantías individuales, en un año donde la prevención de consumos problemáticos se convirtió en bandera de gestión.
