En Posadas, al igual que en distintos puntos del país, se llevó adelante una movilización en rechazo a la reforma de la Ley de Discapacidad 27.793 impulsada por el gobierno nacional. La convocatoria reunió a familias, profesionales y prestadores que marcharon desde la Plaza 9 de Julio hasta la Cámara de Representantes.
El reclamo se enmarca en un contexto de atraso arancelario, irregularidad en los pagos y propuestas legislativas que —según denuncian— ponen en riesgo el acceso a tratamientos, medicación y derechos básicos.
Entre los testimonios, María del Carmen Flores, madre de una adolescente con discapacidad, expuso la difícil realidad que atraviesan muchas familias: “Si le sacan la medicación, mi hija se puede morir. Depende de eso para vivir”.
Desde el sector de los prestadores, Amanda Álvarez, directora del CADIFU, advirtió que la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad impactaría directamente en miles de familias vulnerables. Cristina Sacramone, presidenta del Instituto de Rehabilitación Delpiano, alertó que la reforma “desfinancia el sistema y pone en riesgo derechos garantizados por la Ley 24.901”.
La jornada incluyó demandas concretas: pago inmediato de deudas, restitución de pensiones no contributivas, cumplimiento del cupo laboral y defensa de los organismos públicos del sector.
El reclamo, de alcance federal, refleja la preocupación de quienes sostienen que las decisiones legislativas tendrán consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad.
