El Gobierno provincial asumirá con recursos propios la regularización de las actualizaciones previsionales pendientes para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS). La medida responde al corte de transferencias de fondos por parte del Estado nacional —cuya deuda con la caja provincial rondaba los 300.000 millones de pesos a fines de 2024— e implementa un cronograma de tres etapas que tendrá como fecha límite julio de 2027.
El mecanismo quedó formalizado mediante la Ley VII N.º 111, sancionada por la Cámara de Representantes el 22 de octubre y oficializada en el Boletín Oficial el 5 de noviembre, tras modificar el artículo 10 de la Ley VII N.º 103. La normativa abarca a todos los jubilados y pensionados del instituto, sin distinción de sector o actividad, y aclara que los porcentajes pautados corresponden a la cancelación de montos adeudados y no a incrementos porcentuales directos sobre el haber.
El cronograma de cumplimiento:
- Noviembre 2026: liquidación de al menos el 25% de los montos adeudados (a efectivizarse entre este mes y diciembre).
- Marzo 2027: cobertura de como mínimo el 50% de la deuda.
- Julio 2027: cancelación definitiva del 100% de las movilidades pendientes.
El texto legislativo fija el 31 de julio de 2027 como tope definitivo, aunque habilita a adelantar los pagos en caso de contar con mayor disponibilidad financiera, al tiempo que mantiene abierta la vía de acuerdos con la Anses y el reclamo administrativo ante la Nación para financiar el déficit previsional.
