El Poder Ejecutivo dispuso que la Casa Militar asuma el control operativo integral, la seguridad y la administración de bienes de la Quinta Presidencial de Olivos, como así también de las residencias transitorias de Javier Milei y su familia. La resolución, que deberá implementarse en un plazo máximo de 60 días, contempla la disolución de la histórica Administración General del predio para reducir la planta y unificar el mando bajo la órbita castrense.
Según el comunicado oficial de Presidencia, la reestructuración responde a la necesidad de elevar los estándares de protección del mandatario ante el contexto internacional y los preparativos logísticos por la visita del papa León XIV al país, evento que implicará el ingreso de personal externo para refacciones y servicios. La Casa Militar centralizará así la custodia en Olivos bajo los términos fijados por la Ley de Defensa Nacional, tal como opera habitualmente en la Casa Rosada y en los traslados oficiales.
La formalización del traspaso se dio a conocer en paralelo a una fuerte reconfiguración del personal civil. De acuerdo con una investigación periodística de El Destape, la medida se aceleró tras sospechas del propio mandatario sobre presuntas filtraciones de información interna y anomalías en el abastecimiento cotidiano dentro del predio.
Bajo ese cuadro de desconfianza impulsado por colaboradores cercanos del Presidente, se ordenó el desplazamiento de 12 empleados, el traslado de otros agentes civiles a Balcarce 50 y la remoción del intendente de la quinta, Osvaldo Sosa, cuyo cargo pasó a manos de un oficial militar. La directiva presidencial apunta a que tanto las tareas de cocina como de maestranza y servicios generales queden cubiertas íntegramente por personal de las Fuerzas Armadas.
