El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso no rompe con la lógica de ajuste que atraviesa las cuentas públicas desde 2023, aunque le suma matices. La discusión sobre el nivel del gasto público admite lecturas distintas según el año que se tome como referencia y el rubro que se analice. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revisó el articulado y las partidas del proyecto y construyó una fotografía en la que conviven subas nominales, recuperaciones parciales y recortes que se mantienen o se profundizan.
Según el informe de la organización, asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el propio proyecto —una inflación de 29% para 2026 y de 18% para 2027—, el gasto total en 2027 aumentaría 5,7% en términos reales con respecto a 2026. Sin embargo, la comparación cambia de signo si el punto de referencia es 2023, año en que se produjo “un proceso de reducción generalizado del gasto”: frente a ese nivel, el gasto total de 2027 muestra una caída de 26,5 por ciento.
El comportamiento se repite en servicios sociales, la principal función del presupuesto y también la que concentra la mayor parte de los recortes de los últimos años. El proyecto prevé para 2027 un aumento interanual de 6,1% en términos reales, lo que ubicaría a esta partida en su nivel más alto desde 2024. Pero el propio informe advierte que ese incremento “resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores”, ya que la disminución acumulada entre 2023 y 2026 fue de 16,1 por ciento. Según el relevamiento de ACIJ, el 40% de los recortes presupuestarios totales de los últimos cuatro años se explica por las reducciones en servicios sociales, seguidas por las de servicios económicos, con el 38 por ciento.
Las diferencias dentro de los servicios sociales
Al interior de esa función, las trayectorias no son parejas. Por un lado, aparecen las partidas que lograron recuperar el terreno perdido después de 2023 o incluso lo superaron, como Salud, con una suba interanual real de 16% contra 2026 y de 30% desde 2023, y Seguridad Social, que crece 5% respecto de 2026 aunque todavía acumula una caída de 2% frente a 2023. Ahora bien, ese salto de Salud está influido por un cambio contable: desde 2024, una porción de los recursos del PAMI comenzó a canalizarse como transferencias del Tesoro, lo que eleva el gasto registrado bajo esa función sin que se trate necesariamente de fondos nuevos.
En un escalón intermedio se ubican los rubros con mejoras en 2027 que no alcanzan a compensar las caídas previas, como Educación y Cultura, con un aumento cercano a 8% frente al 2026 pero una baja acumulada de 44% desde 2023. Y en el extremo más crítico quedan las partidas prácticamente desfinanciadas desde hace cuatro años: Vivienda y Urbanismo, con una caída de 99%, y Agua Potable y Alcantarillado, que retrocede 93 por ciento.
Infancias: la letra chica de las asignaciones
El capítulo de niñez y adolescencia muestra un patrón similar. Las transferencias monetarias más relevantes para este grupo —la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar (PA), el Plan 1000 días, las Asignaciones Familiares (AAFF) y la Beca Progresar— vuelven a ubicarse en 2027 en un nivel similar al de 2023, año en que ya se había producido una caída de más de 20% respecto de los dos períodos anteriores.
Dentro de ese conjunto, ACIJ marca una diferencia central entre las prestaciones que se actualizan de forma automática y las que dependen de decisiones discrecionales del Gobierno. Las primeras —AUH, AAFF y Plan 1000 días— recuperaron 31,9% desde 2023, mientras que las segundas —PA y Beca Progresar— sufrieron un recorte de 50,5% en el mismo período. El informe señala que “los aumentos discrecionales de la Prestación Alimentar terminan impactando en menos recursos económicos para la alimentación de niñas, niños y adolescentes”, en referencia a los 23 meses que esa prestación estuvo sin actualizarse.
Ese esquema podría modificarse a partir de 2027. El artículo 17 del proyecto deroga los artículos que fijan la fórmula de movilidad mensual de la AUH y de las Asignaciones Familiares, sin reemplazarla por ningún mecanismo alternativo. Para ACIJ, la medida “vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura”, un riesgo que se profundiza, según la organización, por la existencia de una regla fiscal sin perspectiva de derechos.
fuente: Infobae
