La iniciativa oficial propone penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias —calculadas en barriles de petróleo— para las empresas que exploten recursos sin autorización en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El presidente Javier Milei defendió la propuesta en redes sociales, señalando que “todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”.
El proyecto amplía las penalizaciones más allá de la actividad petrolera, incluyendo la explotación de recursos renovables y no renovables, como la pesca ilegal. Además, establece un protocolo de protección aeroespacial y marítima que faculta a las fuerzas de seguridad a detectar, interceptar y, en casos extremos, inutilizar embarcaciones hostiles.
La norma también prevé la creación del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el propio jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto al Secretario de Inteligencia. Este órgano tendrá potestad para aplicar restricciones financieras y coordinar la custodia de infraestructura crítica.
