La iniciativa plantea que los magistrados ejerzan sus funciones por un período de diez años, con posibilidad de una única renovación consecutiva, fijando un máximo de veinte años en el cargo.
El proyecto, ingresado este miércoles en la Cámara de Diputados, propone reemplazar el actual sistema basado en el límite etario —vigente hasta los 70 años— por un esquema de mandatos temporales. Según sus autores, la reforma apunta a “promover la renovación generacional del Poder Judicial, fortalecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y evitar la perpetuación en el cargo”.
La iniciativa mantiene el principio de inamovilidad judicial durante el período de designación, preservando la independencia de los magistrados, quienes conservarían las inmunidades previstas para legisladores y no podrían ser trasladados ni ascendidos sin consentimiento. La eventual renovación de los cargos se realizaría mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, con acuerdo legislativo.
En los fundamentos, los legisladores citaron antecedentes de provincias como Salta, donde existen esquemas temporales para tribunales superiores, y remarcaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la facultad de las provincias para organizar sus poderes judiciales y establecer límites temporales, siempre que no se afecte la independencia judicial. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el mecanismo de aprobación: si la totalidad de los diputados votara de manera unánime, la modificación quedaría incorporada automáticamente a la Constitución provincial, sin necesidad de consulta popular
