La Justicia federal hizo lugar a un amparo colectivo y frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, dispuesto hace un mes por el Ministerio de Capital Humano. La medida obliga al Gobierno Nacional a mantener la vigencia del beneficio que alcanzaba a unos 900 mil trabajadores informales.
El fallo del juez Adrián González Charvay consideró que la decisión oficial implicó un “corte abrupto” y que la cartera de Sandra Pettovello no implementó medidas efectivas para reemplazar una suma que amortiguaba la vulnerabilidad de los beneficiarios.
El magistrado cuestionó además que la única alternativa presentada por el Gobierno fueran los vouchers educativos, señalando que no resultan equivalentes a la prestación monetaria de casi $80 mil.
Desde el anuncio de la eliminación, organizaciones sociales como la UTEP se movilizaron bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, reclamando la continuidad del programa.
La demanda aceptada por el juez fue presentada el 13 de abril por un grupo de beneficiarios, quienes argumentaron que la interrupción constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales y afecta directamente a trabajadores de la economía popular en situación de extrema vulnerabilidad.
