Las clínicas y sanatorios que trabajan con el PAMI advierten que atraviesan un escenario de máxima tensión financiera. La deuda acumulada con las prestadoras ronda los $500.000 millones, y el retraso en las transferencias amenaza con profundizar la reprogramación de turnos y la reducción de prestaciones para los más de 6 millones de afiliados que dependen de la obra social más grande del país.
Desde el Ministerio de Salud reconocen que “no hay un recorte, sino un retraso de fondos”, aunque admiten que el financiamiento es urgente para sostener la atención. La política de superávit fiscal impulsada por el Gobierno, sumada a la caída de la recaudación, derivó en un fuerte ajuste: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Tesoro al PAMI se desplomaron un 57,7% interanual en el primer bimestre de 2026.
La situación preocupa a las cámaras prestadoras, que mañana tendrán una reunión clave con las autoridades del PAMI, mientras en paralelo el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá al titular de Salud, Mario Lugones, para evaluar alternativas.
En el sector privado advierten que, de no regularizarse los pagos, unas 5.000 prestadoras —entre clínicas, sanatorios y laboratorios— podrían quedar al borde de la quiebra. En algunos centros especializados en la tercera edad ya se limitan las operaciones a casos de urgencia, mientras todo lo programado se pospone.
La crisis, que arrastra problemas estructurales de larga data, se agravó tras la eliminación del impuesto PAIS en diciembre de 2024, que financiaba parte de los programas del PAMI. Hoy, el sistema enfrenta el desafío de sostener la cobertura en un contexto de ajuste fiscal y creciente demanda sanitaria.
