El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen diferencial de contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. La medida, formalizada a través del Decreto 939/2025, evita que a partir de enero de este año las instituciones deban afrontar un salto automático en sus cargas laborales, lo que habría impactado directamente en el principal costo operativo del sector: los salarios docentes.
Según los fundamentos del decreto, la aplicación plena del régimen general habría generado un incremento “desmesurado” en las contribuciones patronales, con efectos más severos en las provincias del interior, donde muchas escuelas dependen del aporte estatal y los beneficios vigentes varían según la región. En este contexto, el Poder Ejecutivo advirtió que la suba de cargas no solo habría afectado a las instituciones con financiamiento parcial o nulo, obligándolas a trasladar los costos a las familias mediante aumentos de aranceles, sino que también habría presionado los presupuestos provinciales, que en muchos casos cubren tanto salarios como aportes patronales.
El decreto señala que la sostenibilidad de las escuelas de bajos recursos y ubicadas en zonas socialmente vulnerables podría haberse visto comprometida, con riesgo para la continuidad del servicio educativo. Por eso, la prórroga busca evitar un impacto fiscal negativo en las provincias y preservar el acceso a la educación en todo el país.
Este beneficio no es nuevo: comenzó a aplicarse en 2020 y ha sido prorrogado en varias oportunidades. En esta ocasión, la decisión cuenta con informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, que respaldan la necesidad de mantener el esquema diferencial en el actual contexto económico.
