A pesar del feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, continúa esta semana el paro nacional universitario impulsado por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, que se extenderá hasta el 30 de marzo. La medida, que ya transita su segunda etapa, se caracteriza por su alcance nacional y por la presión creciente sobre las autoridades educativas y el Gobierno, que aún no han dado respuestas satisfactorias.
El reclamo central apunta al deterioro salarial frente a la inflación y a la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Según un informe de la AGD UBA, los sueldos reales se encuentran en su mínimo histórico, 35,6% por debajo de noviembre de 2023. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, advirtió que “desde noviembre de 2023, los docentes perdimos el equivalente a 11,5 salarios; de cada tres meses trabajados, solo se nos pagaron dos”.
El paro impacta directamente en la vida académica y administrativa: suspensión de clases, retrasos en exámenes, proyectos de investigación y extensión detenidos, además de complicaciones en hospitales universitarios y laboratorios. Los estudiantes expresan preocupación por la continuidad de sus cursadas, mientras los gremios insisten en que la medida busca preservar el sistema universitario.
Desde las universidades, las autoridades reconocen que la huelga afecta la planificación, pero señalan que los reclamos tienen sustento en el incumplimiento presupuestario. En un contexto de ajuste fiscal y tensiones sobre las prioridades educativas, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aparece como un desafío clave para garantizar la estabilidad del sistema público.
Los sindicatos advierten que, de no haber avances, la protesta podría extenderse o intensificarse, en un escenario que pone en debate el futuro de la universidad pública argentina.
