20 de noviembre de 2026

Paraguay quiere que los motociclistas que anden sin casco se paguen su propia internación

El Ministerio de Salud del país guaraní prepara una ley que apunta directo al bolsillo de los imprudentes.

Una medida de sentido común que reabre el debate sobre el costo de la irresponsabilidad vial.

En un giro que mezcla rigor fiscal con sentido común, el gobierno de Paraguay decidió cortar por lo sano frente a la epidemia de accidentes de tránsito. El ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, anunció un proyecto de ley que promete cambiar las reglas de juego en la calle: si sos motociclista, no usás casco y te accidentás, la cuenta del hospital corre por tu cuenta.

La iniciativa parte de una premisa tan simple como contundente, pero que rara vez se aplica en la región: el Estado —y por ende, todos los contribuyentes— no tiene por qué financiar los costos millonarios de quienes eligen ignorar las normas básicas de seguridad. De aprobarse la norma, los conductores imprudentes deberán afrontar de su propio bolsillo el gasto total de sus internaciones y tratamientos médicos.

Un paquete integral contra la imprudencia

El proyecto paraguayo no se queda solo en el castigo económico tras el choque, sino que busca ordenar todo el sistema alrededor de las dos ruedas con tres ejes clave:

  • Casco incluido de fábrica: Los comercios estarán obligados a entregar un casco protector con cada moto que vendan, eliminando cualquier excusa al momento de salir a la calle.
  • Seguro obligatorio y descompresión hospitalaria: Mediante convenios con el sector privado, se creará un seguro anual obligatorio. Si el Hospital de Trauma (el centro de referencia) no tiene camas disponibles, esta cobertura pagará la atención del accidentado en cualquier clínica privada del país.
  • Filtro real para el registro: Se terminará la entrega fácil de licencias de conducir. Será requisito excluyente aprobar un curso obligatorio de educación vial antes de subirse a una moto.

El desafío legal y el espejo regional

Por estas horas, los equipos jurídicos del Ministerio de Salud trabajan a contrarreloj para blindar la ley y evitar que choque con los artículos 68 y 69 de la Constitución paraguaya, que garantizan el derecho a la salud. Mientras tanto, la cartera sanitaria ya negocia en el Congreso para conseguir los votos necesarios.

La propuesta, impulsada bajo la lógica de que «el que no se cuida, paga», empieza a mirarse de reojo desde este lado de la frontera, donde las guardias de los hospitales públicos suelen colapsar los fines de semana por siniestros viales perfectamente evitables.