Este miércoles se envió el proyecto de «ley ómnibus» al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, donde se propone cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), reformar la Conabip y desregular las librerías, entre otras medidas.
El Fondo Nacional de las Artes fue creado en 1958 mediante el decreto/ley 1224, y el artículo 589 de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se deroga la creadora del FNA, mientras que en el 590 establece que el Poder Ejecutivo Nacional “procederá a la reasignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”.
El FNA promueve al desarrollo de los artistas y organizaciones culturales, que mediante concursos y becas los ayuda en su crecimiento. Es un organismo autónomo, que depende del Ministerio de Cultura. “El FNA es una entidad intachable, admirada internacionalmente, que guarda la obra y el espíritu de nuestros artistas e intelectuales» comentó el cineasta y escritor Javier Torre, flamante presidente del Fondo.
Otros de los puntos que se modificará es el de las bibliotecas populares, con la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creada en 1870 por Domingo Faustino Sarmiento. Se busca clasificar a las mismas por la cantidad de obras, su movimiento y las actividades culturales que desarrollen.
Luego, se informa que las bibliotecas populares pasarán a depender de los subsidios que reciban del Congreso. Para esto, deberán acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios. A su vez, el Conabip cambiaría su nombre a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, continuando bajo la regulación de la Secretaría de Cultura.
Por último, se propone en el artículo 60 la derogación de la ley 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros o precio único, lo que significaría que las cadenas de librerías podrían poner el precio de los libros a su elección. Esto sería perjudicial para las más pequeñas, que no podrán competir contra esta estrategia.
Esta iniciativa repercutió en la Fundación El Libro, quien se encarga de organizar la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que se expresó “enfáticamente” en contra de la derogación de la ley de defensa de actividad librea, rechazando también el cierre del FNA y el Instituto Nacional del Teatro.
