En otra jornada en la Cámara de Diputados de la Nación y en virtud de la derogación de la Ley Micaela propuesta desde el Ejecutivo, hoy se presentó Néstor García, padre de Micaela García, a explicar las razones por los que la Ley que lleva el nombre de su hija asesinada en 2017.
Micaela García fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes penales que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.
«No se gastaron millones en la implementación de la Ley Micaela». Las capacitaciones se llevaron a cabo por trabajadoras del Estado Nacional «que no cobraron un adicional», explicó García ante el supuesto motivo de faltante de recursos económicos mientras exponía en el Congreso recordando que varios de los allí presentes le dieron su apoyo para que sea ley.
García siguió: «Me dijeron que era una ley noble, no sé si es noble pero sí es una ley transformadora de la sociedad». «Si se pretende modificar el primer artículo, es prácticamente lo mismo que derogarla».
El padre de Micaela reconoció que su implementación no es la la ideal pero que la ley sólo tiene 5 años de implementada y ya «hay policías que toman las denuncia como corresponde como fueron capacitados con la Ley Micaela y no los de la Comisaría de la Mujer únicamente. En muchos lugares que no se aplicaba la perspectiva de género, hoy se está aplicando».
¿Qué es la Ley Micaela?
La Ley 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La importancia es que todos los trabajadores del Estado cuenten con formación sobre la violencia de género para poder tomar decisiones de forma integral. Cabe recordar que los delitos por los que Wagner, asesino de García, cumplía una pena eran delitos contra mujeres.
Luego de su su implementación recibieron la capacitación agentes y funcionarios de 121 organismos correspondientes al Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional y 4461 máximas autoridades. Por otro lado, durante el 2020 se llevaron a cabo 67 sensibilizaciones. Además, por la Ley Micaela, adhirieron todas las provincias y aproximadamente 500 municipios.
