El Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú se alinearon para frenar el desembarco de aplicaciones de transporte como Uber. La decisión busca defender el sistema actual de taxis y remises frente a lo que consideran una actividad no regulada que perjudica a los trabajadores locales.
Definiciones legales
El intendente Claudio Filippa ratificó el rechazo absoluto a las plataformas digitales durante el inicio del año legislativo. La postura oficial se consolidó tras el fallo de una jueza en Eldorado que avaló el servicio por aplicación como “actividad entre privados”. El municipio apeló esa sentencia ante el Tribunal Superior, sosteniendo que el control del transporte es una facultad local.
Plan del Concejo
Carlos Ríos, presidente del cuerpo legislativo, confirmó que la prioridad es redactar una normativa que prohíba explícitamente estas plataformas. El objetivo es “proteger” el mercado local y evitar que empresas tecnológicas operen fuera de las reglas que rigen para el transporte tradicional.
Tensiones internas
Aunque existe un frente común entre el Ejecutivo y los taxistas, el debate muestra grietas:
- Voces a favor: algunos concejales sostienen que la competencia beneficiaría al usuario y que no se puede ignorar la modernización del transporte.
- El negocio de las paradas: choferes reclaman eliminar el sistema de paradas fijas, que los obliga a pagar cuotas mensuales a los dueños para poder trabajar, lo que consideran una carga injusta.
Brecha de condiciones
El conflicto se centra en la desigualdad de exigencias. Mientras un conductor de aplicación solo necesita la plataforma, un taxista debe cumplir con seguros especiales, licencias profesionales, revisiones técnicas y permisos sanitarios. Esa diferencia de costos genera la resistencia del sector tradicional y alimenta la disputa legal y política en la Ciudad de las Cataratas.
