La crisis del sector discapacidad en Posadas ya no admite matices: el reclamo por los atrasos del programa Incluir Salud se transformó en un grito colectivo que expuso la fragilidad del sistema. La movilización en la plaza 9 de Julio fue la postal de un conflicto que golpea a instituciones, profesionales y familias, y que amenaza con dejar sin atención a unas 5.000 personas.
Florencia Eskinazi, al frente del Instituto Owatá, puso palabras al desborde: “Llegamos a un límite, agotamos todas las reservas. ¿Quién puede sostener un servicio con cinco meses de atraso?”. La mora desde octubre pasado derivó en recortes de prestaciones, suspensión de servicios básicos y la decisión de dejar de brindar alimentación, en muchos casos el único plato diario para los chicos.
El impacto no solo es sanitario y social, también laboral: 30 trabajadores ven peligrar su fuente de ingreso. “Estamos generando una deuda sobre otra deuda. No hay manera de sostenerlo”, lamentó Eskinazi, quien además advirtió que el sistema público difícilmente pueda absorber la demanda si los centros cierran.
La angustia atraviesa a las familias y desnuda la vulnerabilidad extrema: “Hay chicos que si no reciben kinesiología se mueren. Así de grave es”, resumió la directora.
Tras la protesta, hubo reuniones con autoridades provinciales, pero la incertidumbre persiste. El sector no descarta nuevas medidas de fuerza y advierte que la única salida es visibilizar la crisis. Mientras tanto, el conflicto escala y deja al descubierto un abandono que pone en jaque la atención de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
