Este lunes 14 de julio, la jueza estadounidense Loretta Preska definirá si suspende la orden que obliga a la Argentina a transferir las acciones de YPF, en el marco del fallo que condenó al Estado a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
La medida es central para el Gobierno nacional, que busca contener el avance judicial mientras tramita la apelación ante la Corte de Apelaciones. Según el analista Sebastián Maril, el recurso fue formalizado el jueves pasado, tras el plazo adicional otorgado por la magistrada.
Preska deberá resolver si concede la suspensión de ejecución mientras continúa el proceso judicial. De hacerlo, se frenaría la transferencia de títulos y los beneficiarios no podrían avanzar con la sentencia hasta tanto se expida la instancia superior. En caso contrario, se abriría la puerta a nuevos embargos y sanciones por incumplimiento.
El conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando Preska falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park —tenedores de los derechos del Grupo Petersen— por incumplimientos del estatuto societario tras la estatización de YPF en 2012. La cifra original del fallo se elevó a US$17.750 millones al incorporar intereses acumulados.
En paralelo, el presidente Javier Milei sostuvo que el fallo “no tiene aplicación porque violenta la ley argentina” y consideró inviable su ejecución sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios.
La resolución de este lunes marcará un punto de inflexión legal y político en uno de los litigios más costosos que enfrenta la Argentina.
