El Gobierno denunció este martes que hará una «purga» interna en la Procuración del Tesoro tras descubrir la venta de información del juicio contra la petrolera estatal YPF al fondo Burford, que es el que lleva adelante las acciones judiciales contra la Argentina. Se viene una fuerte reestructuración del área.
Según explicaron fuentes gubernamentales a Ámbito, el procurador Santiago Castro Videla «no se toca», sino que se van a disolver áreas administrativas en la procuración «porque hay información que se filtró y está relacionada con YPF». Por el momento se desconoce qué tipo de archivos o datos fueron filtrados.
El encargado de la defensa de la Argentina en la causa por YPF es el abogado Robert Joseph Giuffra Jr., co-titular del estudio Sullivan & Cromwell. «El abogado de la Argentina es el abogado de (Donald) Trump, así que estamos bien encaminados ante la justicia norteamericana», aseguran desde Casa Rosada, pese a la filtración.
Sin embargo, la venta de archivos podrían comprometer la posición del país y desnudar la estrategia de la Procuración en las diferentes causas en los que se encuentra involucrado el Estado nacional. Se trata de litigios de alta sensibilidad en tribunales internacionales en los que están en juego, por caso, activos de la Nación, como la petrolera de mayoría estatal.
La novedad sobre la filtración de información se conoció este miércoles. Aunque desde el Gobierno nacional optaron por no hacer comentarios en público, una alta fuente de Casa Rosada confirmó a este medio lo sucedido y anticipó que se tomó la decisión de reestructurar la Procuración del Tesoro, el área que está a cargo de Castro Videla desde enero de este año, cuando Rodolfo Barra dejó el Gobierno.
La causa por YPF que se tramita en los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York registró múltiples movimientos en el último tiempo. A fines de junio, la jueza Loretta Preska ordenó al país a transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre, entre los que se encuentra Burford, beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012.
Días después, Argentina apeló a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro, pero la magistrada ratificó su decisión. Sin embargo, este martes la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones.
Fuente: Ambito