En el cierre del plazo constitucional para frenar iniciativas legislativas impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei oficializó el veto total a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, sancionada por amplia mayoría el pasado 22 de agosto. La medida, publicada en el Decreto N° 651/2025 del Boletín Oficial, devuelve el proyecto al Congreso, donde quedará sujeto a tratamiento por ambas cámaras.
La normativa establecía una recomposición salarial inmediata, aumento presupuestario y asignación prioritaria de insumos críticos para efectores pediátricos públicos y privados durante un año. Fue respaldada por 62 votos en el Senado, con apenas ocho rechazos, y surgió como respuesta directa a los reclamos sostenidos del personal del Hospital Garrahan, epicentro de la atención infantil de alta complejidad en el país.
Argumentos del Ejecutivo: impacto fiscal y ambigüedad normativa
Desde Casa Rosada, el Gobierno justificó el veto señalando la “falta de financiamiento genuino” y una “redacción ambigua” que, según el decreto, habilita arbitrariedad en la implementación. Se objetó especialmente la ausencia de delimitación precisa sobre las “funciones críticas” contempladas en el texto.
Además, se advirtió que la ley “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de Nación y provincias”. El artículo que proponía la exención del Impuesto a las Ganancias para personal de salud fue otro punto de conflicto: implicaría una pérdida fiscal estimada en $115.030 millones, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El costo total de implementación, estimado en $65.573 millones, debía ser cubierto mediante reasignaciones internas del Ministerio de Salud, lo que —según el Ejecutivo— desfinanciaría programas vigentes y afectaría la planificación sanitaria nacional.
Repercusiones políticas y agenda legislativa en disputa
El veto se inscribe en una serie de rechazos presidenciales a leyes con fuerte respaldo parlamentario, como la Ley de Financiamiento Universitario —también anulada esta semana— y la aún pendiente redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que podría reactivar tensiones con los gobernadores.
La declaración de emergencia pediátrica había sido celebrada como una victoria legislativa de la oposición, en respuesta a las movilizaciones del personal del Garrahan, que exigía mejoras salariales, reconocimiento de funciones críticas y abastecimiento de insumos esenciales. La ley también incluía a residentes nacionales de salud, estableciendo que ningún salario podía ser inferior al nivel real de noviembre de 2023.
