La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada en 2025 por amplia mayoría en el Congreso. La Justicia rechazó la apelación del Ejecutivo y calificó de “poco serios” los argumentos para frenar la norma.
El fallo también exige recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la actualización de becas estudiantiles y la restitución de programas afectados por la inflación. La suspensión por decreto fue considerada “ilegítima”.
Contexto y alcance
La resolución surge tras el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y varias universidades públicas, en medio de un paro nacional que paralizó la mayoría de las casas de estudio. La normativa garantiza:
- Actualización automática de presupuestos según el IPC del INDEC.
- Recomposición salarial remunerativa y bonificable para docentes y no docentes.
- Paritaria nacional obligatoria, con ajustes mensuales no inferiores a la inflación.
- Fortalecimiento de becas estratégicas y apoyo a estudiantes vulnerables.
Impacto inmediato
El Gobierno deberá recomponer partidas para hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica, afectados por la pérdida inflacionaria de los últimos dos años. El fallo marca un punto de inflexión en la disputa por el financiamiento de la universidad pública y refuerza la continuidad de la educación superior como política de Estado.
