A pocos días de la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el Gobierno nacional prorrogó la intervención de Corredores Viales S.A. hasta completar su proceso de disolución y privatización. La empresa estatal encargada de la gestión de rutas nacionales queda bajo control del Ministerio de Economía, que tendrá facultades para dictar normas complementarias y coordinar la transición.
La medida fue formalizada a través del Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y ratifica la continuidad de Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. El texto destaca que durante la gestión se detectaron falencias estructurales en áreas clave como administración, contrataciones, capital humano y activos fijos, por lo que se implementaron reformas internas. Entre ellas, un nuevo organigrama, regularización jurídica y creación de un Comité de Inversiones.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo establece que la intervención se extenderá hasta cumplir el procedimiento definido por el Decreto 97/2025, que habilita la privatización total de la sociedad bajo el esquema de concesión de obra pública por peaje.
En paralelo, se consolidó el nuevo esquema institucional del transporte público nacional tras el cierre de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.
La Agencia de Control de Concesiones asumirá competencias sobre contratos de concesión, operación y fiscalización de servicios públicos de transporte automotor, urbano, ferroviario y de cargas. En tanto, el Ministerio de Economía concentrará las tareas de planificación, construcción y mantenimiento del sistema troncal de rutas nacionales.
Las funciones de licencias de conducir y fiscalización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fueron asignadas a la Secretaría de Transporte. Los controles en rutas nacionales quedarán a cargo de la Gendarmería, mientras que cada provincia mantendrá autonomía normativa en materia de tránsito. Además, se anunció la creación del Consejo Vial Federal para la coordinación de obras con las provincias.
El proceso general se enmarca en la Ley 27.742, que define principios de transparencia, eficiencia y concurrencia, y apunta a reorganizar el sistema de transporte y servicios públicos a escala nacional.
