Por medio del Decreto 494/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó la privatización completa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La medida habilita la transferencia del 90% del capital accionario, actualmente en manos del Estado, a operadores privados mediante licitación pública de alcance nacional e internacional.
La decisión se fundamenta en un diagnóstico financiero estructural: según datos oficiales, entre 2006 y 2023 AySA recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro sin lograr revertir su déficit ni mejorar los indicadores de eficiencia y productividad. La administración actual sostiene que la empresa no tiene capacidad de afrontar la inversión necesaria para mejorar el servicio y que dicha carga excede también al Estado.
El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estará a cargo del procedimiento. La estrategia incluye dos etapas: en la primera, se venderá al menos el 51% a un operador estratégico; el resto será ofrecido en bolsas y mercados. No se aplicarán preferencias legales ni programas de propiedad participada.
Desde el Ejecutivo aseguran que el proceso garantizará la continuidad del servicio público de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en línea con el Plan de Acción de Transición para el período 2024–2026 elaborado previamente por la Secretaría de Obras Públicas.
La privatización de AySA se inscribe en el marco de la Ley N° 27.742, que habilita la enajenación de activos estatales y redefine el modelo de gestión de empresas públicas en el país.
