El manejo de las reservas de oro del Banco Central suma otra denuncia penal. El diputado nacional Esteban Paulón impulsó una nueva denuncia vinculada con las operaciones realizadas con los lingotes argentinos, en un caso que acumula cuestionamientos por la falta de información sobre el destino de parte de las reservas y por las pérdidas registradas en instrumentos financieros asociados al metal.
Paulón advirtió sobre el “desmanejo y la opacidad” con que el Banco Central maneja todo lo vinculado a las reservas de oro y sostuvo que ello no puede seguir impune. La denuncia hace referencia al informe de la Auditoría General de la Nación que da cuenta de un faltante de más de 1000 millones de dólares por pago de cobertura que para Paulón debe tener responsables.
La denuncia es contra el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausilli para que la justicia determine si han cometido el delito de “Malversación de caudales públicos”
La presentación en los tribunales de Comodoro Py se suma a otra que realizó el abogado Gregorio Dalbón quien denunció a Caputo, a Bausili; y al integrante del directorio de la entidad Juan Ernesto Curutchet. En ese expediente, además, pidió que se investigue una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras.
El nuevo planteo de Paulón vuelve a poner el foco en la necesidad de esclarecer qué decisiones se tomaron sobre un activo estratégico del país, quiénes intervinieron en las operaciones y qué controles se aplicaron.
Las pérdidas millonarias que encendieron las alarmas
Uno de los ejes de la denuncia es el informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas.
La cifra abrió interrogantes sobre la estrategia utilizada para administrar las reservas, los instrumentos contratados y el impacto económico de las operaciones.
La investigación deberá determinar si esos resultados respondieron a una cobertura financiera legítima, cómo se estructuraron los contratos y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. La existencia de pérdidas, por sí sola, no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Fuente: ambito
