Durante el primer mes del 2024, el Gobierno recortó en un 98% las transferencias de fondos y subsidios a las provincias, y este jueves anunciaron que disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros, lo que despertó el rechazo de gobernadores e intendentes.
Estas medidas se tomaron luego de la frustración que significó la negativa de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. «Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores», comentó el vocero presidente, Manuel Adorni.
Además, agregó que la decisión del presidente Milei busca la transparencia de «un sistema que funcionaba en favor de la propia política«, manteniendo el envío de los recursos que se distribuye por transferencias automáticas.

Las provincias y la ciudad de Buenos Aires reciben en las transferencias el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos, con una marcada dispersión entre ellos. Las empresas del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional disminuirán la recepción de subsidios, para ayudar a los usuarios que más lo necesitan de forma directa.
A partir del 2024 se eliminará el Fondo Compensador del Interior, que era percibido por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, según se conoció en el comunicado lanzado por la Secretaría de Transporte.

«Esto guarda relación con el Pacto Fiscal que los gobernadores y el Gobierno nacional firmaron entre 2017 y 2018, en donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales. El objetivo de todo esto es la equidad a lo largo y ancho del país», resaltó Adorni.
Desde las provincias mostraron su malestar por esta medida, con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, o el santafesino Maximiliano Pullaro entre los que salieron a criticar el incumplimiento del acuerdo. Mediante un comunicado, intendentes de ciudades como Rosario, Córdoba, Formosa y Resistencia expresaron su «extrema preocupación», advirtiendo que esto va en contra de «millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse».