Este miércoles, el presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», en la que se solicita al Congreso declarar la emergencia pública, en temas como la economía, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025.
El texto cuenta con 351 páginas y 664 artículos dentro, en donde se observa una amplia reforma electoral, con cambios impositivos y más límites a las manifestaciones. Estas temáticas deben pasar por el Parlamento, en una ley que plantea la reforma del estado.
Se planteó también la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con la idea de implementar una boleta única, traspasar la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y habilitar al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.
Entre otros cambios, modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados y modifica los partidos políticos en cuanto a su financiamiento. En su primer artículo, la ley «ómnibus» marca que su objetivo es «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales«.
Además, el Poder Legislativo le delega facultades al Ejecutivo hasta fines de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo por dos años más. En el caso de la aprobación, Milei tendrá las facultades de legislar, algo que prohíbe el artículo 76 de la Constitución Nacional: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
Con los cambios del Código Penal de Nación, se refuerzan los controles en las manifestaciones callejeras, con especiales penas para los involucrados en los cortes. El artículo 326 habla sobre las personas que crean una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses«.
Al respecto de las privatizaciones, la ley detalla que se declara sujera a privatizaciones las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado. Algunas de las 41 empresas que pasarían a manos de privados serían Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.
