Después del vaciamiento de la sesión opositora que iba a limitar los DNU de Javier Milei, el Gobierno cumplió con su parte del trato y reactivó el debate por el Presupuesto en la Cámara de Diputados. No le alcanzó, sin embargo, para dictaminar. Y es que si bien los gobernadores están desesperados por cerrar el año con un Presupuesto –cualquier Presupuesto es mejor que la prórroga del de 2023–, el gobierno libertario se resiste aún a aumentar el gasto para apaciguar las demandas provinciales. Milei no abre la canilla y los diputados están a la espera de que resuelvan los mandatarios, quienes se reunieron ayer en el CFI y diagraman –a veces en conjunto, por lo general por separado– una estrategia que les permita conseguir algo. «Un poco es mejor que nada», admiten los voceros de los gobernadores. La novela, esperan, se resolverá el próximo martes, que es cuando el oficialismo buscará dictaminar para llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 21.
Apenas comenzó el debate en la comisión de Presupuesto, José Luis Espert se encargó de echar por tierra las negociaciones (y, por lo tanto, la posibilidad de dictaminar aquel mismo día). «La propuesta de dictamen es la presentada por el señor presidente el 15 de septiembre», aclaró Espert, que hace dos semanas venía planchando la comisión, a la espera de que el gobierno resolviera si deseaba o no sentarse a aprobar el Presupuesto 2025. Fue recién cuando la oposición amenazó con rechazarle el DNU 846 que el gobierno libertario tuvo que ponerse a llamar a los gobernadores para que no permitieran que sus diputados dieran quórum: los amenazó con que, si no acataban, se quedarían sin obras, sin transferencias y sin Presupuesto. A cambio, se comprometió a convocar la comisión que preside Espert con la promesa de negociar un dictamen. Cuando llegó el jueves, sin embargo, la propuesta de dictamen todavía no estaba.
La UCR y el PRO vienen negociando hace semanas con La Libertad Avanza. Los dos sectores quieren aprobar el Presupuesto, pero el gobierno se rehúsa a ceder a los reclamos de los gobernadores. Estos exigen la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, el pago de la deuda con las cajas previsionales, la reducción de los aportes que realizan las provincias a la AFIP en materia de fondos coparticipables y la transferencia de los fondos que la Nación recoge por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Y, a su vez, cada mandatario tiene su hojita con el listado de obras que necesitan finalizar.
El gobierno, hasta ahora, no ha torcido el brazo. Sí ha concedido modificar algunos detalles de la regla de fiscal que, de aprobarse como está, ataría todas las promesas a los gobernadores a que la recaudación no baje. Y es que el primer artículo del Presupuesto establece que, de haber una reducción en los ingresos del Estado, se deberá ajustar en la misma medida – o más – el gasto público. Y viceversa. Es decir que sostiene la discrecionalidad del manejo presupuestario en el Ejecutivo. El radicalismo está buscando modificarlo y hubo un compromiso de parte de LLA de hacer algunas correcciones.
Encuentro Federal, mientras tanto, admite que finalmente terminará acompañando el dictamen del oficialismo con disidencias. Originalmente tenía planeado presentar su propio dictamen, con incrementos en las partidas de Educación y jubilaciones – y, a su vez, con una propuesta sobre dónde ir a buscar esos fondos para no afectar el equilibrio fiscal -, pero el fracaso de la sesión del martes cambió los humores. Muchos de los diputados están enojados con los gobernadores por haberlos «puenteado» y dejado sin quórum para la sesión, por lo que ahora optarán por que sean los mandatarios quienes negocien. «Que se arreglen ellos», masculla, con enojo, un diputado pichettista. «Nos quedamos sin nafta para pelearnos», admite, con resignación, otro integrante del bloque.
Los únicos que ya anticiparon que votarán en contra son los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. «Este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió la actual administración», cuestionó Carlos Heller (UxP), quien denunció no solo que las proyecciones macroeconómicas – inflación, tipo de cambio, crecimiento – estaban repletas de «inconsistencias», sino también apuntó contra los recortes realizados en varias áreas: «En Ciencia y Tecnología se asigna un 32,1 por ciento menos que en 2023. En Educación y Cultura un 44 por ciento menos que en 2023. En Seguridad social un 10 por ciento menos que en 2023. Vivienda 60 por ciento menos», enumeró.
Germán Martínez, titular de la bancada de UxP, mientras tanto, optó por poner el dedo en la llaga respecto a la negociación con los gobernadores. En medio de su discurso, cuando se refería a la discrecionalidad que le garantizaba el DNU 846 de canje de deuda al gobierno nacional, se interrumpió, miró al misionero Carlos Fernández y le preguntó: «¿Siguen peleando la zona franca?». La zona franca de Misiones es un reclamo histórico de la provincia que el Frente Para la Concordia Misionero pide en todos los debates presupuestarios. Fernández, que responde al gobernador Hugo Passalacqua, negó con la cabeza. Martínez se rió, sorprendido, y en la bancada de UxP aplaudieron ante la admisión del diputado. Era el reconocimiento final de que los gobernadores, a esta altura, ya estaban negociando lo mínimo indispensable para sobrevivir.
Fuente: Página 12
