Luego de considerar “una nueva provocación del Poder Ejecutivo” para acallar las manifestaciones y protestas de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT) salió en contra del Ministerio de Seguridad y de su intención de que sindicatos y organizaciones sociales paguen los gastos millonarios del operativo desplegado durante la protesta contra el DNU, el pasado 27 de diciembre.
A su vez, desde la central obrera elevarán una queja al Gobierno por «solicitud de tratamiento urgente» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según indicó Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT.
Los dirigentes de la Confederación y los diputados nacionales del bloque del Frente de Izquierda se reunieron en el Congreso, y tocaron temas como la estrategia para frenar el decreto de Milei y la Ley Ómnibus, advirtiendo que el paro, las movilizaciones y el plan de lucha son las únicas cuestiones que podrán voltear las medidas “antipopulares” del Gobierno.
Desde la CGT, lanzaron un comunicado criticando la medida del Gobierno de intimar a sindicatos para que paguen 40 millones de pesos para financiar el operativo de seguridad de las protestas, considerando que “es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.
Según la Confederación, el comunicado «no representa los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
Por su parte, la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que está encabezada por Juan Carlos Schmid, aseguró que esta intimación “avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”.
