El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, resolvió aplicar una sanción económica diaria de $100.000 al jefe de Gabinete por incumplir una resolución judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La demanda central contra el Estado nacional fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otros actores de la comunidad académica.
El magistrado dio por acreditada la desobediencia oficial y efectivizó el apercibimiento que había sido fijado el pasado 30 de septiembre. Las multas —aplicadas bajo la figura procesal de astreintes— buscan conminar al Ejecutivo a acatar lo dispuesto en el fallo judicial, con la advertencia de que los montos diarios podrán incrementarse y hacerse extensivos a otros funcionarios del área si persiste la negativa.
La medida se inscribe en la disputa judicial por la vigencia y aplicación de las partidas presupuestarias tras el Decreto 759/2025 y las obligaciones financieras del Estado frente a las casas de altos estudios. Desde el Gobierno nacional anticiparon que cuentan con margen procesal para apelar el fallo, mientras las universidades públicas sostienen el reclamo por la ejecución efectiva de los fondos.
