La disputa judicial por la reforma laboral sumó un giro clave con la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda remitir el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles. La resolución de la Sala IV consolidó la exclusión definitiva del fuero laboral y marcó un nuevo escenario en la causa.
El tribunal dejó en claro que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta” y apuntó al incumplimiento del magistrado, que hasta ahora no había acatado el fallo del 28 de abril, cuando se dispuso el traslado del caso al fuero contencioso administrativo federal. La orden directa, con plazo perentorio, refleja un movimiento institucional poco habitual y busca cerrar cualquier margen de resistencia.
Detrás de la estrategia aparece la Procuración del Tesoro de la Nación, conducida por Sebastián Amerio, que impulsó la inhibitoria para sacar el expediente del fuero laboral. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración, también pidió levantar la cautelar dictada por Ojeda, que había suspendido más de 80 artículos de la ley.
El antecedente central es el fallo del 28 de abril, cuando la Cámara resolvió que la causa iniciada por la CGT debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, al considerar que involucra la validez de una ley nacional y excede el derecho laboral clásico. Ese pronunciamiento desplazó a Ojeda y dejó en claro que las normas de competencia son de orden público.
El trasfondo sigue siendo la cautelar de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de la reforma y logró frenar parte sustancial de la norma en la Justicia del Trabajo. Con el cambio de fuero, el expediente quedará radicado en el juzgado contencioso administrativo federal N° 12, que deberá analizar la cuestión de fondo.
El nuevo escenario limita el margen de acción sindical en el fuero laboral y abre un proceso que podría escalar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, el Gobierno logró consolidar una posición clave: la discusión ya no se dará en el terreno donde la CGT había conseguido su principal avance.
