Este martes 12 de agosto, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá si prolonga la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión podría incluir el levantamiento de la medida cautelar o la exigencia de una garantía económica mientras se tramitan las apelaciones.
La controversia se originó el 30 de junio, cuando la jueza Loretta Preska ordenó al país entregar los títulos como parte de una indemnización inicial de 16.100 millones de dólares más intereses, a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park. La defensa argentina apeló y obtuvo una suspensión temporal, dado que en el sistema judicial estadounidense la ejecución de una sentencia no se detiene automáticamente por la presentación de recursos.
Actualmente, Argentina sostiene dos apelaciones: una contra el fallo que impone el pago de la indemnización y otra contra la orden de transferencia de acciones. La primera será tratada en audiencia la semana del 27 de octubre; la segunda exige que el país presente su defensa antes del 25 de septiembre.
La estrategia jurídica argentina se apoya en el artículo 10 de la Ley 26.741, que establece que la transferencia de las acciones expropiadas requiere autorización previa del Congreso. Además, la defensa sostiene que la Constitución nacional prevalece sobre los estatutos societarios de YPF registrados en Estados Unidos.
Los demandantes alegan que el Estado no cumplió con la oferta pública de adquisición (OPA) prevista en el artículo 7° del estatuto de YPF, al superar el 15% de participación sin ofrecer comprar el resto. Esa omisión fue central en el fallo de Preska, quien consideró que la expropiación se realizó sin respetar las reglas del mercado.
Burford Capital adquirió el derecho a litigar tras la quiebra de las empresas Petersen, mientras que Eton Park compró el 3,04% de YPF en 2010. En 2012, el Estado argentino estatizó el 51% de la compañía, y en 2014 acordó con Repsol el pago de 5.000 millones de dólares por esa participación.
La demanda contra Argentina y YPF se inició en 2015. En 2023, la sentencia de primera instancia liberó de responsabilidades a la empresa y condenó al Estado. La Cámara del Segundo Circuito definirá ahora si mantiene la suspensión de la entrega de acciones hasta que se resuelvan los recursos pendientes.
