La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la condena de u$s16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF, mediante una nueva resolución que incorpora al expediente de primera instancia el fallo favorable al Estado nacional dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.
La decisión, conocida como amended final judgment (sentencia definitiva modificada), permite cerrar formalmente el proceso ante el juzgado de Preska, que había condenado al país en septiembre de 2023 por el presunto incumplimiento del estatuto de YPF durante su estatización. Sin embargo, la disputa judicial todavía no terminó, ya que los fondos demandantes presentaron un recurso ante la Corte Suprema estadounidense para intentar restablecer la indemnización.
El nuevo pronunciamiento consolida, por el momento, la eliminación de uno de los mayores pasivos
judiciales que enfrentaba el Estado argentino en el exterior. Aunque la medida no modifica la resolución de fondo adoptada por la Cámara de Apelaciones, formaliza sus consecuencias procesales y deja sin vigencia la sentencia que obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones.
Qué resolvió la jueza Loretta Preska en el juicio por YPF
La magistrada estadounidense emitió una resolución para adaptar su sentencia original a lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito el 27 de marzo de 2026.
En aquella oportunidad, el tribunal de segunda instancia revocó la condena contra la Argentina y consideró que las reclamaciones por incumplimiento contractual planteadas por los antiguos accionistas minoritarios de YPF no tenían sustento jurídico bajo el derecho argentino aplicable.
El fallo representó un
cambio sustancial respecto de la interpretación que había realizado Preska en 2023, cuando determinó que el Estado argentino debía indemnizar a los demandantes por no haber presentado una oferta pública para adquirir sus acciones durante la estatización.
Ahora, mediante la sentencia definitiva modificada, la jueza incorporó oficialmente el resultado de la apelación al expediente de primera instancia.
De esta manera, la obligación de pagar los u$s16.100 millones, establecida originalmente en septiembre de 2023, permanece anulada.
La resolución también desestima, en esta instancia, la pretensión de los demandantes de postergar el cierre formal del expediente mientras continúa el intento de llevar el caso ante la Corte Suprema.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la última palabra
Pese a la decisión de Preska, el proceso judicial conserva una instancia pendiente.
Los demandantes, entre ellos las sociedades Petersen Energía y Eton Park, recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones que benefició a la Argentina.
El litigio está vinculado con Burford Capital, firma internacional especializada en financiamiento de litigios que adquirió derechos económicos relacionados con el reclamo.
El recurso fue presentado a comienzos de octubre y busca que el máximo tribunal estadounidense examine la interpretación jurídica utilizada por la Cámara para desestimar las reclamaciones.
La Corte Suprema deberá decidir primero si acepta intervenir en el caso. Esa instancia no implica automáticamente una revisión del fondo de la controversia.
Si rechaza el pedido, se mantendrá la decisión favorable a la Argentina. En cambio, si acepta revisar el expediente, se abrirá una nueva etapa judicial cuyo resultado no está definido.
Fuente: Ambito
