La jueza Loretta Preska dictó una sentencia que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF que controla el Estado a Burford Capital, el fondo británico que lidera la demanda por la expropiación de 2012. El fallo, que supera los 17.000 millones de dólares, vuelve a tensar el frente judicial y económico del país.
La decisión se suma a la sentencia de septiembre de 2023, en la que Preska ya había considerado inapropiado el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol, la firma española que entonces controlaba YPF, por considerar que el proceso de expropiación impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió normas del estatuto societario. Con intereses acumulados, el fallo ya supera los 16.000 millones de dólares.
Este lunes, la jueza ordenó la transferencia del paquete accionario estatal a una cuenta de custodia global en Nueva York. La Argentina tiene un plazo de 14 días para cumplir la sentencia o bien avanzar en alguna de las alternativas legales previstas: obtener aval legislativo, modificar la normativa vigente o alcanzar un acuerdo extrajudicial con los demandantes.
Preska expresó su frustración ante la falta de cooperación del Estado argentino en el proceso y advirtió que, si no se avanza en la transferencia, se podrían abrir nuevas instancias de negociación con Burford. Hasta el momento, ningún mandatario argentino —incluido el actual presidente Javier Milei— ha establecido un canal de diálogo con el fondo británico.
Respuesta del Gobierno
El presidente Milei anticipó que la Argentina apelará el fallo por considerar que constituye una “intromisión en la soberanía” nacional. En sus declaraciones calificó la sentencia como un “disparate jurídico” y ratificó que se impulsará una defensa “agresiva”.
El equipo legal prevé solicitar un stay —suspensión temporal del fallo— mientras se tramita la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Sin embargo, para que dicho recurso sea concedido, Preska podría exigir garantías cercanas a los 10.000 millones de dólares, un umbral complejo para la actual situación fiscal del país.
Repercusiones económicas
El anuncio provocó una inmediata caída del 8% en las acciones de YPF en Wall Street, y también impactó en los bonos soberanos. La incertidumbre sobre el futuro de la petrolera estatal vuelve a condicionar sus planes de expansión, particularmente en áreas estratégicas como Vaca Muerta y la exportación de gas natural.
En paralelo, se registró una suba en la cotización del dólar, en un mercado sensible a las señales judiciales e institucionales. La causa se consolida como un factor de presión sobre el frente financiero, incluso en medio del programa de consolidación fiscal que impulsa el Gobierno.
Panorama judicial y político
La Corte de Apelaciones podría pronunciarse dentro del próximo año. Además, persisten otras instancias judiciales vinculadas a la causa, como la que impulsa la organización Republican Action for Argentina, que busca revertir el fallo original.
Mientras tanto, la disputa entre los intereses del Estado argentino y los de Burford Capital adquiere cada vez más visibilidad en el plano político y diplomático. En paralelo, en Estados Unidos avanza un debate sobre la regulación de la financiación de litigios por parte de fondos especulativos, lo que podría incidir en el desenlace del caso YPF.
