Este lunes, el Poder Ejecutivo nacional promulgó la Ley N° 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue sancionada por el Congreso con mayoría especial, tras el rechazo al veto presidencial. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. El texto argumenta que el presupuesto vigente no contempla los créditos necesarios para afrontar la implementación de la ley, cuyo costo total estimado asciende a $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Entre los componentes del gasto figuran:
- La creación de una nueva pensión, con impacto fiscal de $2,1 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026.
- Refuerzo al Programa Incluir Salud, con un adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026.
Compensación económica de emergencia para prestadores, estimada en $278.323 millones.
El Ejecutivo fundamentó la suspensión en los artículos 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y 5 de la Ley N° 24.629, que exigen previsión presupuestaria y definición de fuentes de recursos para toda norma que implique erogaciones no contempladas.
Pese a la promulgación, el Gobierno advirtió que la reasignación de partidas por parte del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente” para garantizar la sostenibilidad del régimen. Incluso si se afectaran todos los créditos disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado, la cobertura sería insuficiente.
En paralelo, a través de la Decisión Administrativa N° 24/2025, se dispuso una modificación presupuestaria que incrementa los fondos asignados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en respuesta al reclamo de actualización formulado por los prestadores del sistema. La medida comenzará a regir el 1° de octubre y se financiará con una reducción en la partida correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro.
La promulgación fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la ejecución efectiva de la ley.
