El fondo financiaba equipamiento, aviones hidrantes, capacitación, logística y operativos para combatir incendios en todo el país. Su disolución implica que ya no habrá recursos específicos ni autónomos para esta tarea, en momentos donde los focos ígneos vienen en aumento por el cambio climático y la sequía.
Entre 2022 y 2023, el fideicomiso recibió $26.000 millones, pero según la SIGEN, solo $70 millones se usaron efectivamente para combatir incendios. El Gobierno de Javier Milei utilizó esta cifra para justificar la eliminación, aunque no se explicaron las fallas estructurales del propio Estado en el uso de esos recursos.
Un peligro real para el NEA
En provincias como Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, el desmantelamiento del fondo representa una amenaza directa. La región viene de vivir, entre 2021 y 2022, una de las peores crisis ambientales de su historia, con más de 1.000.000 de hectáreas afectadas por incendios y sequías extremas.
Con la eliminación del fondo, los gobiernos provinciales quedan desfinanciados y sin respaldo nacional ante nuevos eventos críticos. Aunque el Gobierno asegura que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego sigue vigente, los recursos serán administrados desde el Ministerio de Seguridad y ya no contarán con una asignación autónoma garantizada.
Con información de El Chubut y Ámbito Financiero.
