En una sesión cargada de implicancias políticas, el Senado aprobó proyectos que impactan sobre jubilaciones, discapacidad y moratoria previsional, junto con propuestas de gobernadores para distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos.
Ante este escenario, el presidente Javier Milei reiteró que vetará las leyes y advirtió que, de no sostenerse el veto, las judicializará. Sin embargo, constitucionalistas coincidieron en que el Ejecutivo no tiene herramientas legales para impugnar normas aprobadas por ambas cámaras, incluso si fueron previamente vetadas.
“La judicialización no tiene sustento constitucional y desconoce el funcionamiento republicano”, sostuvo el abogado Andrés Gil Domínguez. Otros especialistas indicaron que el Poder Ejecutivo no puede rechazar la ejecución de leyes válidamente sancionadas ni recurrir a la Corte en calidad de asesor jurídico.
