El Gobierno nacional resolvió suspender la auditoría sobre las pensiones por discapacidad que estaba en curso, mientras avanza una investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo, en los que reconocía presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones periódicas en Casa Rosada para informar sobre el proceso de reordenamiento del organismo.
Durante la gestión del abogado desplazado, la agencia había dado de baja a 128.667 beneficiarios, de los cuales más de 110 mil correspondían a pensiones otorgadas con documentación repetida o inconsistente, otras ocho mil a personas fallecidas y más de diez mil a ciudadanos que renunciaron voluntariamente al beneficio. Sin embargo, tras la intervención, se resolvió revisar nuevamente todas esas bajas y pausar cualquier avance en el control presencial sobre los más de un millón de beneficiarios activos.
La auditoría interna se concentra en tres ejes: pensiones, compras y estructura administrativa. En ese marco, también se suspendió la idea de transformar la ANDIS en una dependencia directa del Ministerio de Salud, una medida que requeriría aprobación legislativa ante la falta de facultades delegadas que regían bajo la Ley Bases. Hasta ahora, el organismo funcionaba como entidad descentralizada, con presupuesto propio y autonomía para realizar contrataciones, lo que dificultaba el control ministerial.
En paralelo, el Senado rechazó un veto presidencial y aprobó por amplia mayoría la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma reformula el esquema de pensiones no contributivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas. La votación, que reunió 63 votos afirmativos de distintos bloques, marcó un quiebre político: por primera vez en más de dos décadas, la oposición logró revertir un veto del Poder Ejecutivo.
El presidente Javier Milei anticipó que podría judicializar la medida, al considerar que compromete el equilibrio fiscal. Mientras tanto, el proceso de revisión en la ANDIS continúa bajo supervisión directa del Ministerio de Salud, con foco en garantizar transparencia, corregir desvíos y preservar derechos adquiridos.
