El Gobierno nacional oficializó nuevas autoridades en organismos estratégicos del sistema agroproductivo, en el marco de la reversión de medidas adoptadas bajo el régimen de facultades extraordinarias delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases. Los nombramientos fueron establecidos mediante el Decreto 684/2025, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y entran en vigencia desde el 3 de septiembre.
La norma incluye designaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), cuya estructura había sido modificada por el Decreto 462/2025, publicado el 8 de julio, día de caducidad de las facultades delegadas. La Cámara de Diputados rechazó ese decreto mediante la Resolución 95/2025, aprobada el 6 de agosto con 141 votos afirmativos, 65 negativos y una abstención.
En el caso del INTA, se revierte su conversión en organismo desconcentrado y se restituye su carácter descentralizado, preservando sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. Fue designado presidente el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich, y vicepresidente el médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera. El organismo mantiene su rol en la generación de conocimiento aplicado, con impacto directo en la innovación de las cadenas productivas nacionales.
El INASE, que había sido disuelto junto a la Comisión de Semillas y cuyas competencias fueron transferidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, recupera su estructura operativa y funciones regulatorias. El ingeniero agrónomo Martín Famulari fue nombrado presidente por el período 2025–2027. Se restablece el Comité Asesor de Semillas como instancia técnica de fiscalización, con foco en trazabilidad genética, certificación varietal y protección de la propiedad intelectual.
El INV también recupera su autonomía institucional, tras haber sido incorporado a la estructura de la Secretaría de Industria y Comercio. Fue designado presidente el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer. El organismo retoma sus funciones de control de calidad, autenticidad y origen de productos vínicos, y de articulación sectorial con mercados nacionales e internacionales.
A fines de agosto, el Senado completó el rechazo al resto de las facultades delegadas. Entre los organismos afectados por las medidas previas se encuentran la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), ambos disueltos. También se restituyen funciones al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, que anulan las disposiciones de los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Entre las principales medidas se destaca la reincorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo autónomo, la reversión de la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y la reactivación de Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
También se ordenó el regreso a los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, la estructura previa del INTA y las facultades propias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Se restablecieron las funciones de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y de la Secretaría de Hacienda.
Por último, el Decreto 628/2025 dejó sin efecto el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, eliminando la declaración de “servicio esencial” para la navegación marítima y fluvial. Se restablece el sistema regulatorio previo, con requisitos laborales y administrativos vigentes antes de la reforma.
