En una nueva arremetida contra Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno nacional volvió a mover las piezas. Esta vez, el Ministerio de Justicia —a través de la IGJ— intimó formalmente a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol para que expliquen, sin rodeos, el contenido de sus balances contables y financieros. El pedido no es menor: deberán respaldar gastos e inversiones que superan los USD 111 millones y USD 340 millones, cifras que por sí solas ya tensan el aire.
Se exigirá a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga que respondan por cada número observado, como cualquier otra persona jurídica privada registrada ante la IGJ. No habrá excepciones ni privilegios. La AFA —recordaron— es una entidad sin fines de lucro, y por eso deberá justificar actividades y movimientos que, según el organismo, exceden lo permitido por sus propios estatutos.
La escena se abre: el Gobierno reafirma su mantra de igualdad ante la ley y advierte que la falta de respuesta podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones como para sus directivos. El mensaje es claro: la presión no es simbólica, es operativa.
Este capítulo se suma a la ofensiva iniciada días atrás, cuando Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción de la entidad sudamericana. Allí se pidió una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la ministra, comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por Conmebol.
En paralelo, avanza la investigación del Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky. El foco está puesto en la firma Real Central SRL y en dos personas de bajo perfil económico —Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte— señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. La sospecha: la empresa habría servido como vehículo para la tenencia de bienes que no se corresponden con la capacidad económica declarada de sus titulares.
Entre esos bienes aparece una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, Pilar: una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, harás de caballos de alta competencia y una colección de autos de lujo.
La cronología del inmueble es, por lo menos, inquietante: comprado por Carlos Tevez en 2017, pasó a Malte S.R.L. —proveedora oficial de la AFA— en 2023 y, menos de un año después, terminó en manos de Real Central S.R.L., cuyos socios son justamente los presuntos testaferros. Para completar el cuadro, las expensas y gastos figuraban a nombre de Wicca S.A.S., vinculada a ex funcionarios de la AFA.
La denuncia también apunta a contrataciones directas entre la AFA y empresas relacionadas. En el Boletín N.º 6089, del 25 de marzo de 2022, se registra la adjudicación directa a Malte S.R.L. por unos USD 550.000 para finalizar la instalación del sistema VAR. La AFA justificó la elección por la “reconocida trayectoria” de la firma, pero la presentación sostiene que existen vínculos societarios y personales con ex directivos del organismo.
En esa concatenación —contratos, relaciones personales, operaciones millonarias— la denuncia ve un patrón.
Un entramado que abre interrogantes sobre conflictos de interés, transparencia y el cumplimiento de los deberes fiduciarios que exige Conmebol a sus federaciones miembro.
