Javier Milei confirmó que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá hasta el final de su mandato, en diciembre de 2027, como herramienta para evitar sobresaltos en el tipo de cambio y sostener el proceso de desinflación. Esta decisión fue respaldada por el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y busca dar previsibilidad en un contexto de alta volatilidad.
Sin embargo, persisten restricciones cambiarias, sobre todo para el sector empresarial. Aunque se liberó el cepo para personas físicas, las empresas siguen enfrentando trabas como la “restricción cruzada”, que impide operar en el mercado MEP o CCL si ya se accedió al dólar oficial. Según estimaciones privadas, muchas firmas habrían canalizado compras por USD 12.000 millones hasta septiembre a través de sus propietarios.
La expectativa del mercado es que estas restricciones comiencen a levantarse de forma gradual desde el segundo trimestre de 2025, coincidiendo con el ingreso de divisas por la cosecha gruesa. Esta flexibilización es vista como clave para atraer inversiones y avanzar hacia una normalización económica. De hecho, JP Morgan estimó que si Argentina recupera la categoría de mercado emergente, podrían ingresar automáticamente USD 2.600 millones al mercado accionario.
A diferencia de la gestión de Mauricio Macri, que eliminó el cepo de forma abrupta en 2015 sin lograr equilibrio fiscal, el gobierno actual priorizó primero el superávit y ahora avanza lentamente en la apertura cambiaria. Este orden busca evitar desequilibrios, aunque algunos analistas advierten que mantener bandas con ajuste mensual del 1% podría dificultar la acumulación de reservas, objetivo central para 2026.
El Gobierno sostiene que el esquema de bandas no impide seguir flexibilizando el acceso al mercado cambiario. Pero los críticos señalan que este sistema actúa como un corset que limita la compra de dólares por parte del Tesoro, lo que podría generar presiones sobre el tipo de cambio oficial, actualmente con un techo de $1.500 para el mayorista.
