Este martes, el Gobierno nacional avanzó con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., empresa estatal responsable de la operación de las tres centrales nucleares activas del país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa establece que el 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado Nacional conservará el 51% a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. El 44% restante será ofrecido en licitación pública nacional e internacional.
El decreto instruye al Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, a dictar las normas operativas necesarias para implementar el proceso, con intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
En sus considerandos, el Gobierno argumenta que la incorporación de capital privado permitirá asegurar la continuidad operativa de la empresa “de manera eficiente y competitiva”, y que la privatización parcial es el mecanismo más adecuado para alcanzar ese objetivo. También se remite al Decreto 1540/94, que dio origen a Nucleoeléctrica, y que ya contemplaba la transferencia al sector privado como parte de la estrategia de equiparación en el mercado energético.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado en diciembre que la medida se enmarcaría en la Ley Bases, y que apuntaría a fomentar inversiones en el sector nuclear, incluyendo el desarrollo del primer reactor modular argentino y el impulso a la minería de uranio.
En paralelo, el Gobierno reiteró que todas las empresas públicas están sujetas a posibles procesos de privatización, en línea con su objetivo de “poner fin al Estado empresario”.
