A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional dio inicio formal al proceso de privatización de Corredores Viales SA, empresa estatal responsable de la gestión de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida se enmarca en el decreto 97/2025 y forma parte de la implementación de la Ley 27.742, que habilita la transferencia de activos públicos a operadores privados.
La resolución instruye al Ministerio de Economía a realizar el inventario de bienes que la empresa deberá reintegrar, y a elaborar el documento de extinción por mutuo acuerdo, que se activará una vez adjudicados los nuevos contratos de concesión. Además, se habilita la redefinición de los tramos de la red vial nacional, permitiendo excluir o incorporar trayectos según criterios de oportunidad y viabilidad.
La Secretaría de Transporte será responsable de la documentación técnica y contractual para la licitación de los corredores, con intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. El proceso contempla la disolución progresiva de la empresa estatal y la transferencia de la operación vial a concesionarios privados.
Al cierre de junio, Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y había registrado un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre, sin requerir aportes del Tesoro Nacional. El dato contrasta con el inicio de un proceso que redefine el rol estatal en la gestión de infraestructura vial.
