El Gobierno nacional evalúa mecanismos para desactivar tres proyectos aprobados por el Congreso: el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. La estrategia contempla dos vías: vetar las iniciativas o impugnar judicialmente la sesión legislativa en la que se sancionaron, cuya validez califica como discutible.
Los vetos no se oficializarán de inmediato, dado que existe un plazo de diez días hábiles desde la sanción. Ese margen permitiría incluir como fundamento presidencial la presunta nulidad de la sesión del jueves, aunque aún no hay confirmación oficial. En paralelo, se intenta ganar tiempo político para negociar apoyos legislativos y sostener el veto en Diputados sin depender del Senado.
La coordinación política está en manos de Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete) y Lisandro Catalán (Interior), junto a Santiago Caputo y los dirigentes Martín y Eduardo “Lule” Menem, con foco en alianzas con gobernadores y bancadas aliadas.
Una fuente cercana al Ejecutivo sostuvo: “Vamos a tratar de sostener el veto, nos tenemos fe”. Aunque el presidente Javier Milei mantuvo una postura confrontativa contra los promotores de las leyes a quienes acusó de buscar “destruir al Gobierno”, la dinámica interna revela una estrategia más negociada y gradual.
En la Casa Rosada no descartan la posibilidad de una reunión con mandatarios provinciales en los próximos días, como parte de la ventana abierta para recomponer alianzas políticas ante el debate legislativo pendiente.
