La iniciativa incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia propuesta por Javier Milei el 20 de diciembre ya tuvo más de un rechazo.
En las calles, en los sindicatos e incluso en la justicia ya existen medidas para frenarlo ya que implica una profunda desregulación de la economía y un «plan de estabilización de shock» incluyendo la derogación de múltiples leyes y normativas y la privatización de empresas públicas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores) que deberán firmar dictamen.
Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.
