En una votación de fuerte impacto político e institucional, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con modificaciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión obligó a devolver el texto en segunda revisión al Senado tras la inclusión de un capítulo clave: el restablecimiento formal de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, desandando el camino que el presidente Javier Milei había trazado a través del artículo 154 del DNU 70/2023.
La maniobra legislativa, articulada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General a partir de una propuesta del diputado radical Diógenes González, sumó dos artículos determinantes al dictamen de mayoría. El primero anula la derogación impuesta por el decreto de necesidad y urgencia de fines de 2023, mientras que el segundo ratifica la plena vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011. Aquella norma fijó un tope máximo del 15% para la titularidad extranjera sobre el suelo rural a nivel nacional y provincial, además de prohibir la concentración en pocas manos y restringir la enajenación de superficies ribereñas, acuíferos o áreas de frontera consideradas de seguridad estratégica.
El debate reactivó además los contrapuntos en torno al núcleo original de la iniciativa, que apunta a modificar los procesos de expropiación y a otorgar mayor celeridad a las órdenes de desalojo para recuperar inmuebles usurpados. Desde el oficialismo defendieron la necesidad de blindar la seguridad jurídica de los titulares, en tanto que bloques opositores reiteraron sus reparos por las eventuales consecuencias sobre familias y sectores en situación de vulnerabilidad habitacional.
Para Misiones, la reactivación de estas trabas adquiere un peso determinante. Por su geografía dominada en más de un 80% por fronteras internacionales, la preservación de su corredor verde y la presión sobre parcelas forestales y agrícolas, la provincia mantiene un interés directo sobre cómo se fiscalizarán estas operaciones inmobiliarias y qué criterios regirán para las escrituraciones en zonas limítrofes. Con el texto nuevamente girado al Senado, la suerte de los topes a la extranjerización y el nuevo régimen de propiedad privada quedará atada al pulso final que imponga la Cámara alta.
