El Senado volvió a reunirse este jueves para debatir dos temas centrales de la agenda parlamentaria: la reforma jubilatoria y el aumento de dietas a los senadores. Además, fue aprobado por unanimidad el proyecto que tipifica penalmente la sustracción y comercialización de menores.
Luego de una serie de aprobaciones de pliegos de diplomáticos, de traspaso patrimoniales a las provincias y a la adhesión al tratado internacional de Remoción de Restos de Naufragio, la Cámara alta ingresó en cuarto intermedio para abordar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. El proyecto trae media sanción de Diputados, tras un acuerdo de distintos sectores de la oposición, y se espera que tenga los números para conseguir la aprobación final en el Senado.
La iniciativa previsional pretende una combinación entre el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones.
Pese al panorama alentador que prevé la oposición en el Congreso, Javier Milei anticipó que vetaría cualquier reforma que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. Actualmente, rige un sistema jubilatorio que el propio presidente emitió por DNU. En ese sentido, La Libertad Avanza cuenta con un dictamen propio que ratifica la fórmula establecida por decreto.
Por unanimidad, Senado aprobó tipificar penalmente la venta de niños
El primer proyecto de resonancia que fue aprobado en la sesión, y que cuenta con vinculaciones con el caso de Loan Peña, fue el que tipifica en el Código Penal la sustracción y/o comercialización de niños.
El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión «al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado».
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para «quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare», con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal
El texto tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido), por lo que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos . Este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas.
Fuente: Ambito
