Este miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados será escenario de una sesión decisiva en la que se pondrán en juego tres vetos presidenciales y dos proyectos con fuerte impacto fiscal para las provincias. La discusión se da en un contexto de creciente articulación territorial frente al ajuste nacional.
El eje central será el tratamiento de los vetos del presidente Javier Milei a tres leyes ya sancionadas: el aumento de jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Para revertirlos, la oposición deberá reunir una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras, condición que históricamente ha sido difícil de alcanzar.
El primer veto recayó sobre la ley que establecía un incremento del 7,2% en los haberes previsionales, junto con la suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 y su actualización automática por inflación. El segundo bloqueado fue la prórroga de la moratoria previsional, vencida en marzo, que permitía completar años de aportes para acceder a una jubilación. Sin esa herramienta, la única vía disponible es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima. El tercer veto impidió la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, que buscaba regularizar pagos atrasados, actualizar aranceles, reforzar pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral hasta 2027.
Además, se debatirán dos proyectos que ya cuentan con media sanción del Senado y que responden a demandas concretas de los gobiernos provinciales. El primero propone modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo y estableciendo un reparto automático según índices de coparticipación. El segundo introduce cambios en el impuesto a los combustibles líquidos, con impacto directo en los recursos coparticipables.
Desde el retorno de la democracia en 1983, solo en 36 ocasiones se logró revertir un veto presidencial. Si la Cámara Baja rechaza alguno de los vetos, será el Senado quien defina si la ley queda vigente o si se sostiene la decisión del Ejecutivo.
La sesión se inscribe en un escenario de tensión institucional, donde gobernadores y legisladores provinciales buscan preservar recursos estratégicos frente al recorte de transferencias. En ese marco, Misiones y otras jurisdicciones del norte argentino siguen de cerca el debate, atentos al desenlace de una pulseada que excede lo parlamentario y pone en juego el federalismo fiscal.
