El miércoles abrirá sus puertas el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. Hasta el 30 de diciembre, el Congreso nacional tendrá como misión central aprobar el Presupuesto 2026, mientras el oficialismo busca sumar apoyos para otro de sus proyectos más ambiciosos: la llamada “modernización laboral”, que despierta resistencias en sindicatos y gobernadores.
El escenario es contrarreloj
La Libertad Avanza debutará como primera minoría en Diputados con 95 legisladores. En esa nueva configuración deberá reconstituirse la comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen. La intención es llevar el proyecto al recinto antes de Navidad: si alcanza los 129 votos, pasará al Senado.
La reforma laboral, un debate abierto.
El Gobierno prevé presentar el próximo martes, en el Consejo de Mayo, la versión final de su iniciativa. El paquete incluye cambios en cálculo salarial, indemnizaciones, vacaciones, monotributo y derecho a huelga, además de intervenir sobre las cajas sindicales. La CGT ya adelantó su rechazo y no descarta medidas de fuerza.
Los plazos no alcanzan
El decreto de convocatoria permitiría sancionar el Presupuesto antes de fin de año, pero no sostener el debate laboral. Para avanzar, el Ejecutivo debería extender las sesiones, decisión que dependerá del respaldo político que logre reunir. Gobernadores y gremios aguardan conocer la letra chica del proyecto.
Los detalles del borrador.
La iniciativa propone eliminar el pago de horas extra y reemplazarlo por un banco de horas. Sustituir la indemnización tradicional por fondos o seguros sectoriales. Incorporar remuneraciones “dinámicas”, pactadas en pesos, moneda extranjera, bienes o productividad. Limitar la industria del juicio con una tasa de interés del 3% anual y sin capitalización. Redefinir la relación laboral de monotributistas, desligando la factura de la dependencia.
El derecho a huelga, en tensión
El texto amplía la categoría de servicios esenciales: radio y televisión, industria alimentaria, actividad fabril, transporte terrestre y aéreo, banca y producción para exportación. La medida restringiría la capacidad de protesta en sectores clave.
