El Congreso Nacional abre este lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei, que se prolongará hasta el 27 de febrero. La agenda, definida por decreto, contempla iniciativas que el Gobierno considera prioritarias antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo.
La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos detallados en el anexo. De ese modo, el Ejecutivo delimitó el marco temporal y temático del debate parlamentario durante el receso estival.
En este escenario, la Casa Rosada busca avanzar con su paquete de reformas, con especial foco en la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil. Ambas iniciativas concentraron negociaciones políticas y generaron tensiones con gobernadores y sectores de la oposición. También permanecen abiertas discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
Entre los proyectos habilitados figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En los últimos días, el Gobierno confirmó además la incorporación de la Ley Penal Juvenil al temario.
La reforma laboral aparece como el eje central del período, pero también como el proyecto que genera mayores resistencias. El principal punto de conflicto con las provincias se vincula al capítulo tributario, en particular a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables.
El proyecto propone bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3, lo que implicaría una merma de recaudación estimada en $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias.
Otro de los puntos relevantes es la baja de la edad de imputabilidad, que el Ejecutivo pretende fijar en 13 años, aunque admite la posibilidad de llevarla a 14 para alcanzar consensos. El debate comenzaría en Diputados durante la segunda semana de febrero y podría continuar en sesiones ordinarias en el Senado.
En la previa, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa, mientras los bloques dialoguistas y la oposición mantienen sus posiciones. Con un escenario de votos abiertos, el desarrollo de las sesiones extraordinarias se presenta como una instancia clave para el rumbo legislativo del inicio de año.
